Eduardo Zaplana y su partido quieren ejercer una función que corresponde al poder judicial desde el momento en que van a solicitar la comparecencia de Suárez Trashorras y los agentes que le interrogaron en el Parlamento, para esclarecer la participación o no de ETA en los atentados más sangrietos de la historia de nuestro país. Saben que los demás partidos votarán en contra, por lo improcedente de la solicitud, pero no les importa: habrán alborotado de nuevo el gallinero, y tras el alboroto siempre queda algo.

Para Eduardo Zaplana, que Jamal Ahmidan, conocido como El Chino, fuese amigo de dos etarras detenidos en febrero de ese año es un dato de gran envergadura. Como el portavoz del partido popular en el Congreso tiene que poner la guinda a cada una de las declaraciones que hace, no pudo dejar escapar la oportunidad de seguir hilando su discurso contra el Gobierno y su política antiterrorista, demostrando, una vez más, y aunque nos digan lo contrario, que ellos,y solo ellos, rompieron el pacto por las libertades y contra el terrorismo (en él se establece claramente que el partido de la oposición se compromete a apoyar la política antiterrorista fijada por el Gobierno): en dicho discurso no desperdicia la ocasión para lanzar dos piedras: una hacia el Gobierno central, y otra hacia el Gobierno vasco. Si el primero está claudicando ante ETA y suplicándole una tregua, el segundo está eludiendo sus responsabilidades futuras, en el supuesto de que la banda no acabe declarando un cese definitivo de la violencia, cuando afirma que ETA se está rearmando. En definitiva, el PP tiene respuesta para todo y nunca estará conforme con ninguna declaración, venga de donde venga: la crispación se produce, entonces, cuando los ciudadanos no pueden asimilar tanta información contradictoria, cuando estos "políticos" instauran la desconfianza permanente hacia todos aquellos que no comparten su ideología y cuando se emiten declaraciones en tonos catastrofistas y desalentadores. Estamos de nuevo ante el “quien no está conmigo no está” con España ni está con las víctimas del terrorismo.

En una entrevista concedida a la revista Tiempo, la fiscal del 11M, Olga Sánchez, asegura que, tras la investigación, pueden señalar con precisión quién toma la decisión de idear y preparar el atentado, pero “no puede desvelarlo en este momento” por razones más que obvias.A la pregunta de si “queda alguna duda sobre la autoría o la supuesta conexión de ETA con los terroristas islámicos”, la fiscal Olga Sánchez responde que “en tres ocasiones diferentes ha solicitado al juzgado y éste remitió el oficio a la Comisaría General de Información de la Policía, que nos proporcionase las informaciones que hubiese acerca de eventuales relaciones entre la banda terrorista ETA y los islamistas en general, en prisión o fuera de ella. A fecha de hoy contamos con tres informes redactados por la Comisaría General de Información y no hay ningún dato que pueda avalar esa supuesta vinculación entre ETA y los terroristas islamistas”.La fiscal también manifiesta, durante la entrevista, que en algunos “momentos me pareció que los parlamentarios hacían una labor que nos tenían que dejar hacer a la Policía, a la Guardia Civil, al juez y al fiscal. En otros, pidieron datos que nos correspondía conservar a nosotros. Y con la causa secreta, podía solaparse un trabajo con otro pues lo que ellos estaban investigando eran responsabilidades políticas”. Las trabas con las que se han encontrado, fundamentalmente, el juez y la fiscal han venido “sobre todo, por la presión mediática de querer sacar conclusiones erradas o sesgadas (…). Hay muchos datos en la causa que van determinando las implicaciones de cada uno, pero si sacamos sólo aspectos parciales y decimos que el perfil genético de un señor no estaba en los escenarios del delito, no podemos concluir que no ha participado en los hechos. Puede haber otros elementos incriminatorios que nos pueden llevar a concluir que una persona puede o no participar en los hechos”.

El Gobierno del señor Aznar fue alertado, cuatro meses antes del atentado, de que Lamari podía atentar en España; mintió a la sociedad española una vez producida la masacre; y manipuló la información que le era entregada. El pueblo español, informados por los medios de comunicación nacionales e internacionales de lo que realmente estaba ocurriendo, no cedió al chantaje terrorista: el pueblo expresó su rechazo a un Gobierno mentiroso y manipulador, capaz de mentir sobre la autoría de un atentado por el simple temor a perder unas elecciones a la vuelta de la esquina y con la sombra de la guerra de Irak planeando sobre sus cabezas. La poca conciencia de esos dirigentes, la poca lealtad hacia los ciudadanos de su país, la gran manipulación de la soberanía popular que intentó llevarse a cabo por el Gobierno Aznar, todavía no ha sido castigada con la contundencia con la que se habría castigado en cualquier otro país europeo: el hecho de que Zaplana, Acebes y Rajoy sean las tres cabezas visibles del primer partido de la oposición de nuestro país es, poco menos, que bochornoso. Ni Aznar ni el trío popular han asumido ningún tipo de responsabilidad política más allá de la derrota electoral: 192 vidas y más de 2000 heridos exigen no solo las mayores penas para los autores, sino las mayores responsabilidades políticas a los dirigentes de entonces. Que lo primero sucederá, no me cabe la menor duda: confío en la justicia. Que lo segundo se quedará en una mera petición, tampoco lo dudo: hace tiempo que he perdido la confianza en el partido popular y en sus dirigentes.