El concejal de cultura del Ayuntamiento de Ourense ha contraído matrimonio con su pareja este fin de semana. Mis más sinceras felicitaciones, desde aquí, a los contrayentes.
Aplaudo la valentía de un hombre que, desde el principio, criticó la posición adoptada por su partido en lo que respecta a la unión matrimonial entre personas del mismo sexo.
La ley que regula los matrimonios homosexuales puso de manifiesto las discrepancias existentes dentro de las diferentes formaciones políticas y así pudimos escuchar declaraciones propias de la derecha ultraconservadora en boca de personas de izquierdas, y viceversa. Estas diferencias de opiniones han existido siempre y en asuntos de diversa índole. La postura adoptada por ciertos sectores, político y social, contra una ley que contempla la equiparación de unos derechos que solo disfrutaban una parte de la población por tener una condición sexual determinada, suscitó un agrio debate en su momento. El artículo 14 de nuestra Constitución recoge que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. La ley de matrimonio homosexual supuso, sin duda, un paso más en la consecución de esa igualdad de todos ante la ley.
La oposición del partido popular votando negativamente la aprobación de la ley en el Congreso y solicitando la comparecencia de un psiquiatra “sanador” de homosexuales en el Senado; el apoyo de algunos dirigentes populares, junto con varios jerarcas eclesiásticos, a una manifestación promovida por el “foro de la familia”; o declaraciones como las del socialista Francisco Vázquez (sobre la oportunidad de la ley, discrepancias con el término…), las de la concejala madrileña Ana Botella (con su teoria sobre las manzanas y las peras) o las del líder popular Manuel Fraga (“la homosexualidad es una anomalía genética y los que han aprobado el matrimonio homosexual responderán ante la historia"), han sido algunos de los obstáculos con los que la ley se ha encontrado a lo largo de su periplo legislativo. Una vez aprobada la ley todavía queda por saber cuál será el pronunciamiento del Tribunal Constitucional con respecto al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular (el incoherente Mariano Rajoy ordenó su interposición aclarando que se trataba de una “decisión personal”: posteriormente no firmó el recurso).
Meses después asistimos a la primera boda gay en el Partido Popular: a la celebración asistieron, entre otros, Ana Belén Vázquez (diputada del PP en el Congreso que votó en contra de la ley que ha legalizado esta unión), José Luis Baltar (Presidente de la diputación ourensana) y Alberto Núñez Feijóo (líder de los populares gallegos tras suceder a Manuel Fraga). El propio Baltar llegó a manifestar que el PP solo se oponía a la utilización del término “matrimonio” añadiendo que “ahora la ley está aprobada y la respetamos”: no me cabe la menor duda de que muchas personas, dentro del partido popular, no solo han respetado esta ley antes y después de su aprobación, sino que también la han apoyado en silencio; pero que el PP respeta esta ley es algo que pongo en duda, sobre todo porque me resulta incompatible respetar una norma que ellos mismos han recurrido ante el supremo intérprete de la Carta Magna alegando su inconstitucionalidad. Desde mi punto de vista, el Partido Popular, como organización política, demostraría un gran respeto por una ley que amplía derechos civiles retirando un recurso que, seguramente, saben que no irá a ninguna parte; pero sobre todo demostraría un gran respeto hacia las personas y hacia el ejercicio de sus derechos.