Entre los casos de corrupción urbanística que han salido a la luz en los últimos meses y que se encuentran en plena instrucción judicial destaca el caso de la ciudad de Marbella: durante años hemos sido testigos de su transformación, del impacto mediático de sus alcaldes, del glamour y la llegada de la jet set. Pero también hemos sido testigos de un secreto a voces, del rápido enriquecimiento de quienes ocuparon el consistorio y de sus políticas de urbanismo salvaje. Hoy, cuando muchos de los implicados en el denominado “saqueo de Marbella” han sido detenidos, encarcelados o simplemente imputados a la espera de juicio, somos testigos de la remuneración televisiva de aquellos que se lucraron conociendo, consintiendo, cooperando o cometiendo un delito que ha perjudicado a muchas personas que permanecen en el anonimato y no comercian con la injusticia sufrida.

Cientos de familias están hipotecadas hasta las cejas, pagando cifras desorbitadas por una vivienda construida sobre un terreno recalificado, y otras ni siquiera pueden disfrutar de sus casas porque se encuentran precintadas gracias a esos políticos que han transformado el voto de su pueblo en un cheque en blanco al que añadir los ceros que los constructores estén dispuestos a pagar.

Al pago, cobro y disfrute de comisiones urbanísticas le sigue el pago y cobro de exclusivas televisivas por “necesidad económica”; a la desvergüenza, por parte del que cobra pero también del que paga, le sigue la indignación y la impotencia que siente el ciudadano ante tantas bolsas de basura repletas de dinero y tanto dinero que mueve la telebasura.


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