Federico Jiménez Losantos, el “radio predicador” y monologuista mañanero de la COPE, el que aconsejaba a Mariano Rajoy que mintiese en los debates televisados, esta especie de “rey del club de la infamia”, ha acudido al juzgado de lo penal número 6 de Madrid debido a la querella que el alcalde de la misma ciudad, Alberto Ruiz Gallardón, interpuso contra él por injurias. Y es que “don Federico”, como le llaman sus incondicionales, ha llegado a decir, entre otras barbaridades y desde ese púlpito exorbitantemente remunerado por los obispos, que a Gallardón “le daban igual los 200 muertos y 1.500 heridos de los atentados del 11-M con tal de llegar al poder”.

Desgraciadamente para este “infumable” personaje de las ondas episcopales, los hechos, las hemerotecas y la misma sentencia del juicio del 11 de marzo han puesto las cosas en su sitio y adjudicado a cada uno el papel que le corresponde en esta historia. A Federico, junto a su inseparable Pedro J. Ramírez, les ha tocado el de los “embusteros” dispuestos a lo que sea por derrocar un gobierno, dispuestos a rellenar horas de radio y páginas de periódicos con la más asquerosa de las infamias contra policías, jueces, fiscales, periodistas, políticos y todo aquel que no bailase al son de su “pachanga” conspiranoide. Durante más de tres años, estos mercenarios de la desinformación se han llenado los bolsillos con la especulación, la injuria y la calumnia, han demostrado que la verdad y unas víctimas, las del mayor atentado terrorista perpetrado en territorio europeo, les importaban mucho menos que los niveles de audiencia o la venta de ejemplares. “Si es por las víctimas del 11-M yo estoy dispuesto a venir todos los meses”, llegó a decir este caradura que despedaza a quien no comulga con sus tesis, argumentos, monólogos o como quiera que se llamen esos discursos incendiarios que desde las seis de la mañana escupe a micrófono abierto. Y es que a don Federico, tan respetuoso con las víctimas, tan defensor de las mismas, tan dispuesto con ellas, le faltó de todo menos vergüenza a la hora de dirigirse a Pilar Manjón, una de esas víctimas con las que se llena la boca para justificar sus actos: “don dispuesto” acusó a esta madre, que perdió a su hijo en la masacre de 2004, de fingir sus lágrimas durante su comparecencia en la comisión del Congreso, calificó a esta mujer de “monstruito” y “personaje siniestro maquillado para hacer lo que tiene que hacer”, afirmó que no le daba “ninguna pena sino horror”.

Federico Jiménez Losantos, Pedro J. Ramírez y "su tropa" se creen intocables bajo los paraguas de la libertad de expresión y el derecho a la información, una libertad que tiene sus límites, un derecho que exige veracidad. Estos dos “chaqueteros oportunistas” deberían comparecer ante la justicia por cada una de las veces que, con sus insultos, sus infamias y sus mentiras, ensuciaron la memoria de las víctimas, arrastraron por el fango la dignidad de sus familiares, y pusieron en duda la profesionalidad y la honradez de unos hombres y mujeres que, con su trabajo, sí buscaron la verdad. Cuando ese día llegue, la justicia habrá hecho algo más que defender la libertad de expresión y el derecho a una información veraz: les habrá dado valor y credibilidad.